El concejal de Urbanismo, Francisco Iniesta, señala que “se ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio”

La Junta Local de Gobierno aprueba una planta de 84 MW recurrida por el Ayuntamiento, pero que dispone de todas las autorizaciones del Ministerio

Villena, 16 de septiembre.- El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento prepara una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como respuesta al Decreto 7/2024 que aligera las condiciones de implantación de los proyectos de plantas solares en el territorio municipal de Villena. Para Iniesta, “con el Decreto se ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio” y nuestra intención es lograr la “autonomía municipal a la hora de ordenar cuántas, dónde y cómo queremos las plantas solares en nuestro territorio, y sólo nos cabe una modificación puntual del Plan General”.

Esta es la respuesta al último decreto del Consell que, entre otras medidas, eliminaba la posibilidad de establecer una suspensión general de licencias de obras como había establecido el Ayuntamiento en el pleno de julio, dejando sin opciones a los municipios que habían optado por esta vía.

La intención del Ayuntamiento de Villena es recuperar la “autonomía municipal en la gestión del territorio”, puesto que “a pesar de todos los informes y alegaciones que hemos presentado contra diferentes plantas solares, las administraciones con competencia – Conselleria y Ministerio – han ido autorizando casi todas. La modificación puntual del PGOU es la única opción que nos queda, ahora que tenemos menos herramientas para gestionar las solicitudes de instalación de plantas solares”.

De hecho, la Junta Local de Gobierno ha aprobado hoy la planta Argos, que tiene una potencia de 84 MW, y que en su momento recibió informes contrarios por parte del Ayuntamiento y diferentes alegaciones. “Pero ante las autorizaciones que ha logrado de otras administraciones no nos queda otra que su aprobación. Eso sí, estaremos muy atentos al cumplimiento escrupuloso de las exigencias y requisitos que tiene que cumplir en su desarrollo”.

La previsión del concejal de Urbanismo es que, tal y como está la norma en vigor, puedan implantarse casi 15 proyectos en el término de Villena, “con las consecuencias que ello conlleva”, especialmente en zonas limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que mayor presión recibe.

Reunión aclaratoria

Iniesta ha comentado hoy que a principios de octubre se mantendrá una reunión con los responsables de la Generalitat para conocer de primera mano los efectos y las posibilidades reales que los ayuntamientos tendrán tras la entrada en vigor del Decreto 7/2024.

El concejal ha resumido las medidas de esta norma que limita la acción del Ayuntamiento. En concreto, el Decreto amplía la superficie ocupada por proyectos fotovoltaicos del 3% al 10% del territorio, lo que supone que en Villena cabrían unas 15 plantas en todo su término.  Además, reduce la capacidad municipal, puesto que sus informes pasan a ser ‘no vinculantes’ y se establece un silencio positivo a favor de las empresas solicitantes de licencias para ubicar una instalación de este tipo.

La medida que entró en vigor en agosto elimina la necesidad de disponer de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) a este tipo de proyectos de energía renovable, reduce las exigencias en cuento a garantías económicas y canon, además de prohibir a los Ayuntamientos las suspensiones generales de licencias, medida que Villena quería implantar este año.

Iniesta considera que “la energía renovable debe desarrollarse pero no a cualquier precio, y no en contra de destruir paisaje o de modificar usos de suelo. De esta manera, no queremos energía renovable”.  El concejal de Urbanismo mantendrá reuniones con colectivos y asociaciones para explicar la situación y establecer – en su caso – medidas de presión y manifestación contra la decisión del Consell.

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